En el Cauca no se roba con pistola. Se roba con sello, con decreto y con “convenio de asociación”.
Una revisión del portal SECOP revela un patrón obsceno y repetido en casi todas las alcaldías del departamento: la entrega directa de recursos públicos a fundaciones de papel mediante convenios de asociación. Eventos, ferias, capacitaciones, ayudas humanitarias e incluso obras de infraestructura se contratan sin licitación, sin competencia y sin control real. El mismo formato, los mismos argumentos jurídicos, las mismas fundaciones de reciente creación. No es coincidencia. Es un modus operandi.
El truco es simple y cínico. Se invoca la Constitución, la Ley 489 de 1998, el artículo 355 y el Decreto 092 de 2017 para justificar que no se trata de un contrato ordinario, sino de una “asociación” con entidades sin ánimo de lucro. El municipio pone la plata (casi siempre la mayor parte o toda) y la fundación aparece como socia que, en teoría, aporta contrapartida. En la práctica, esa contrapartida es un papel mojado. La plata pública sale, se ejecuta con opacidad y nadie responde.
Así se evitan las licitaciones, se eluden los controles y se entrega el botín a dedo. Fundaciones creadas para la ocasión, con sedes de papel y representantes de confianza, se convierten en el vehículo perfecto para desviar recursos. Todo bajo el manto de la “autonomía municipal” y el “interés público”. Un saqueo disfrazado de legalidad.
Y mientras esto ocurre a la vista de todos en SECOP, la Contraloría Departamental del Cauca brilla por su ausencia. No investiga, no fiscaliza, no alerta, no actúa. Parece más ocupada en no incomodar que en proteger el erario. Su silencio no es neutral: es cómplice. Cuando el organismo de control que debería vigilar estos convenios prefiere mirar para otro lado, el mensaje es claro: en el Cauca se puede robar con formularios y nadie va a molestar.
Este no es un problema técnico ni un exceso aislado. Es un sistema. Un sistema que convierte la contratación pública en un botín repartido entre alcaldías y fundaciones amigas, mientras la ciudadanía paga la cuenta y la Contraloría Departamental finge que no ve nada.
Hasta cuándo.
