Una denuncia ciudadana pone bajo la lupa la contratación de prestación de servicios en la Secretaría General de Popayán. Honorarios de hasta $7,3 millones mensuales, varios profesionales en labores jurídicas y administrativas y la concentración de decisiones contractuales alrededor del secretario general, Edwin Heiver Muñoz Vásquez, abren interrogantes sobre el manejo de recursos públicos.
Millones de pesos en contratos de prestación de servicios profesionales, varios abogados vinculados a una misma dependencia, honorarios idénticos y funciones que presentan coincidencias encendieron las alarmas sobre la contratación en la Secretaría General de la Alcaldía de Popayán.
La denuncia ciudadana está sustentada en documentos contractuales que, según la información suministrada, reposan en SECOP II y corresponden a contratos vigentes durante 2026.
Entre los casos individualizados aparecen Cristian Camilo Vallejo Leal, Andrés Felipe Ortiz Chica, Yerison Enrique Parra Sánchez y Viviana Ester Vásquez Timana, contratistas vinculados con actividades de la Secretaría General.
Los tres primeros registran, según los documentos aportados, honorarios de $7.300.000 mensuales, mientras Vásquez Timana percibe $6.500.000 al mes.
Solo los contratos individualizados en esta denuncia suman $227.200.000.
Tres contratistas cobran $7,3 millones mensuales
Uno de los asuntos que más interrogantes despierta está en los contratos de Vallejo Leal, Ortiz Chica y Parra Sánchez.
Cada uno registra un contrato por $58.400.000, equivalente a honorarios mensuales de $7.300.000.
Vallejo Leal fue contratado para apoyar la coordinación del área de contratación de la Secretaría General; Ortiz Chica, para prestar servicios profesionales especializados en el proceso jurídico; y Parra Sánchez, para brindar apoyo en asuntos jurídicos y administrativos de competencia de esa dependencia.
De acuerdo con la documentación suministrada, entre sus actividades aparecen revisión de estudios previos, elaboración o proyección de documentos contractuales, respuestas a peticiones, apoyo a labores de supervisión y participación en reuniones delegadas por la Secretaría General.
Los tres reciben el mismo monto mensual y sus contratos tienen plazo hasta el 31 de agosto de 2026.
La coincidencia abre una pregunta que la Alcaldía debe responder con documentos: ¿qué funciones específicas diferencian a cada contratista y qué productos individuales justifican tres contratos de $58,4 millones cada uno?
La existencia de actividades relacionadas entre varios profesionales no demuestra por sí misma una irregularidad. Corresponde establecer si existe duplicidad real, cómo fue sustentada la necesidad de cada contrato y qué resultados concretos ha recibido el municipio.
Edwin Heiver Muñoz concentra decisiones contractuales
La denuncia también pone la mirada sobre el papel del secretario general de Popayán, Edwin Heiver Muñoz Vásquez.
Según los documentos suministrados, Muñoz Vásquez certifica en estos procesos la insuficiencia del personal de planta para atender determinadas necesidades, interviene en los estudios previos, suscribe contratos en ejercicio de la delegación en materia de contratación estatal y aparece como supervisor.
La delegación citada en los documentos provendría del Decreto Municipal 20251000004085 del 17 de diciembre de 2025.
La situación plantea interrogantes sobre los contrapesos existentes dentro del proceso contractual.
¿Quién verifica de manera independiente que las necesidades identificadas correspondan a las necesidades reales de la dependencia? ¿Quién comprueba los productos entregados? ¿Quién revisa los informes que respaldan los pagos? ¿Qué mecanismos existen para evitar que actividades contratadas por separado terminen cubriendo las mismas necesidades?
Estas preguntas adquieren especial interés público ante la información sobre una eventual aspiración de Edwin Heiver Muñoz Vásquez a la Alcaldía de Popayán.
La posible candidatura no constituye, por sí misma, ninguna irregularidad contractual. Sin embargo, hace pertinente establecer con precisión la relación entre el ejercicio actual de sus funciones públicas, las personas contratadas bajo su dependencia y cualquier futura actividad electoral.
De $3,5 millones a $6,5 millones mensuales
El contrato de Viviana Ester Vásquez Timana también aparece entre los casos cuestionados.
Según la documentación aportada, en enero de 2024 fue contratada para prestar servicios profesionales en el área administrativa del despacho de la Secretaría General por $3.500.000 mensuales, durante tres meses, para un valor total de $10.500.000.
Entre las actividades señaladas entonces estaban el manejo de agenda, proyección de actas, apoyo logístico y orientación a usuarios.
Para 2026, la contratista aparece con un objeto relacionado con servicios de psicología para el fortalecimiento del componente administrativo y psicosocial y honorarios de $6.500.000 mensuales, para un total de $52.000.000.
La diferencia mensual entre ambos contratos es de $3 millones. Comparados nominalmente, los honorarios aumentaron aproximadamente 85,7 % en dos años.
Las funciones señaladas para 2026 incluyen, según la información suministrada, acompañamiento a comités de política social, elaboración de instrumentos de evaluación psicológica para funcionarios, capacitación en resolución de conflictos en plazas de mercado, supervisión de contratos delegados y manejo de la matriz general de contratistas de la dependencia.
Los objetos de 2024 y 2026 son diferentes, por lo que el incremento de honorarios no constituye por sí mismo una irregularidad. Sin embargo, la administración debería explicar qué estudios determinaron el nuevo valor y cuáles son los productos que respaldan el contrato.
Fuentes denuncian más contratación en un mismo hogar
La denuncia incorpora otro señalamiento que requiere verificación independiente.
Fuentes que solicitaron reserva de su identidad aseguran que el esposo de Vásquez Timana también tendría, presuntamente, un contrato remunerado con recursos públicos, con honorarios de una cuantía comparable.
La identidad del supuesto contratista, la entidad, el contrato y su valor no fueron incluidos en la información documental suministrada para esta nota. Por esa razón, este señalamiento se publica estrictamente como una versión de las fuentes y no como un hecho comprobado.
Su eventual existencia puede establecerse mediante la consulta de SECOP, SIGEP y demás registros públicos correspondientes.
Si se confirma, tampoco implicaría automáticamente una irregularidad. Lo que tendría que examinarse es si existieron, presuntamente, conflictos de interés, incompatibilidades, favorecimientos o cualquier otra circunstancia jurídicamente relevante.
Contratos sin garantías
Otro elemento consignado en los documentos es la decisión de no exigir garantías.
Según la información aportada, los contratos incluyen una disposición según la cual “no se exigirán garantías de conformidad con el artículo 2.2.1.2.1.4.5 del Decreto 1082 de 2015”.
La legislación permite que en determinados contratos de prestación de servicios profesionales celebrados mediante contratación directa no sea obligatoria la garantía. Por ello, su ausencia tampoco prueba una anomalía.
La pregunta está en la justificación particular de esa decisión y en los controles establecidos por el municipio para proteger los recursos públicos y verificar el cumplimiento.
¿Qué recibió Popayán por estos millones?
La controversia no debería agotarse en cuánto gana cada contratista.
Los documentos de ejecución deben mostrar qué trabajo realizó cada persona, qué productos presentó, cuándo los entregó, quién los recibió, cuáles fueron aprobados y cuánto dinero efectivamente se ha pagado.
También permitirían establecer si las actividades jurídicas y contractuales cuestionadas se complementan o se superponen.
La administración municipal debería explicar cuántos funcionarios de planta trabajan en la Secretaría General, cuántos contratistas tiene actualmente esa dependencia, cuánto cuestan en conjunto y qué estudio determinó que la capacidad institucional existente resultaba insuficiente.
También debería conocerse el monto completo de la contratación por prestación de servicios administrada o supervisada desde esa Secretaría durante 2026.
Los organismos de control tienen la palabra
La denuncia ciudadana pide que los organismos competentes revisen los expedientes y establezcan si la contratación cuestionada cumplió los principios de transparencia, economía, responsabilidad y planeación que rigen el manejo de los recursos públicos.
La revisión debería abarcar estudios previos, certificados de insuficiencia de personal, hojas de vida, objetos y obligaciones contractuales, informes mensuales, soportes de actividades, supervisiones, cuentas de cobro y pagos efectuados.
También permitiría determinar si existen más contratos con actividades semejantes que no hayan sido individualizados en esta denuncia.
Los documentos disponibles en SECOP II ofrecen un punto de partida para resolver una pregunta que ya está sobre la mesa:
¿Por qué la Secretaría General de Popayán necesita varios contratos profesionales con honorarios millonarios y qué recibió exactamente la ciudad por cada peso desembolsado?
Las respuestas deben salir de los expedientes, los informes de ejecución y las explicaciones de los funcionarios responsables. Hasta entonces, los señalamientos sobre favorecimiento, detrimento patrimonial o utilización política de la contratación permanecen como asuntos por comprobar y no como responsabilidades establecidas.
En este Link encontraras toda la evidencia que envia la denunciante.
https://drive.google.com/drive/folders/1fDIw8bqlxKrcUhCB-DKEmBhF3mQGnqlh?usp=sharing
