Con un desmedido retraso, desembolsos por $20.000 millones y una adición presupuestal de $7.000 millones, el proyecto enfrenta graves señalamientos por presuntos incumplimientos legales y la omisión de sanciones por parte de la Alcaldía.
La Procuraduría General de la Nación realizó una inspección ocular sobre los terrenos donde se ejecuta el proyecto vial de la Avenida Los Próceres en Popayán, tras los persistentes retrasos e incumplimientos en las obras contratadas. La diligencia buscó verificar en campo las irregularidades administrativas e infraestructura inconclusa que mantienen paralizado el desarrollo vial de la ciudad.
El proyecto, que ha sido cedido a tres contratistas distintos, presenta un alarmante avance físico de apenas el 20%. A pesar del bajo porcentaje de ejecución, al contratista actual ya se le han desembolsado $20.000 millones de pesos, de los cuales solo se habrían ejecutado $5.000 millones en obra real. A este descalabro financiero se le suma una adición presupuestal de $7.000 millones de pesos aprobada sobre el valor inicial de $33.000 millones, configurando un presunto incumplimiento a la ley por considerarse un hecho cumplido.
Omisión de sanciones y trabas prediales amenazan la entrega
Dentro de las anomalías detectadas, destaca el proceso de sanción por una multa de $2.000 millones de pesos que debía imponerse al contratista debido a los retrasos acumulados. Sin embargo, la oficina jurídica de la Alcaldía de Popayán se abstuvo de aplicar dicha sanción, argumentando supuestas deficiencias en el informe presentado por la interventoría del proyecto.
A este panorama se suma el estancamiento en los trámites administrativos para la compra de predios en la zona de Valle Robledo, donde la falta de actualización en el avalúo de precios impide el avance de los trabajos en terreno. Aunque el plazo de entrega fue ampliado oficialmente hasta el 31 de diciembre de este año, el lento ritmo de las obras anticipa un inevitable incumplimiento. Ante el riesgo de un detrimento patrimonial, la comunidad payanesa exige a los organismos de control actuar con el máximo rigor de la ley para garantizar la ejecución transparente del contrato.
