Murió otra víctima del puente desplomado en Villavicencio

Ya son nueve las víctimas mortales tras el desplome del puente colgante.

A las 11:45 pm de este martes falleció una de las personas que había resultado herida tras el desplome del puente en la vereda El Carmen, en Villavicencio, Meta.

Según se dio a conocer, la víctima era una mujer de 23 años identificada como Lina Angélica Oyola Urrego, quien era madre de un niño de 4 años.

De acuerdo con el subgerente asistencial del Hospital Departamental, Jairo Ospino, la mujer  se encontraba en la Unidad de Cuidados Intensivos donde falleció debido a la gravedad de las lesiones.

Con este fallecimiento aumenta a nueve el número oficial de víctimas mortales tras el desplome del puente colgante en Meta.

Los otros 8 pacientes heridos aún continúan bajo supervisión médica. Dos de las cuales se encuentran en la Unidad de Cuidados Intensivos.

En ortopedia se encuentra una mujer quien fuera intervenida quirúrgicamente por una lesión en su brazo.

Medidas y falta de regulación

Ante los cuestionamientos por falta de regulación por parte de las autoridades a estos centros turísticos que son promocionados en diversas páginas web y por la Alcaldía de Villavicencio, el director de la Oficina de Riesgo de Villavicencio Juan Carlos Guzmán, dijo que “desde el año 2004 se viene haciendo una gestión ardua para sancionar y demoler muchas de las obras que se vienen construyendo sin ninguna autorización en el departamento del Meta”.

De igual modo ante dicha polémica, el ministro de Ambiente, Luis Gilberto Murillo, anunció que en conjunto con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo se está preparando un decreto para generar infraestructura segura en áreas protegidas de todo el país y zonas que quieran explotar sus activos ambientales.

“No queremos que casos como la lamentable tragedia de Villavicencio se vuelvan a presentar. Este lugar no cumplía con la normatividad ambiental y comercial y había recibido varias sanciones de Cormacarena”, dijo Murillo.

El ministro explicó que la finca donde se presentó la tragedia, está ubicada en la reserva forestal protectora de Buenavista, creada en 1945 y por eso en sus límites hay propiedad privada aunque cuentan con planes de manejo que no se cumplieron en este caso.

El trabajo se está adelantando de manera conjunta entre el Ministerio de Transporte e Invías para que alcaldes y gobernadores revisen el estado de los puentes colgantes en todo el país. De la misma manera, se trabaja en un proyecto de ley para pago por servicios ambientales.

“Es un proyecto importante que va a permitir que quiénes protegen la cobertura boscosa, puedan recibir un pago de compensación para que se pueda aprovechar la riqueza natural del país de manera sostenible y segura”, señaló Murillo.

Dentro de las medidas anunciadas figuran investigaciones por parte de las autoridades, procesos sancionatorios penales y ambientales para responder por este hecho.

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