Consejo Nacional Electoral tendrá funciones de Policía Judicial

El proyecto crea el Consejo Electoral Colombiano _CEC-, que entrará a reemplazar al Consejo Nacional Electoral, y que tendrá 9 miembros de dedicación exclusiva. Seis de sus magistrados serán elegidos con el mismo esquema con el que se elige al Registrador Nacional y los otros tres serán elegidos, mediante mediante un proceso de convocatoria pública, por Presidente de la República.

Este Consejo tendrá una unidad de Policía Judicial  que podrá allanar, capturar, interceptar teléfonos, entre otras atribuciones. El Consejo deberá decidir antes de una elección, si una persona puede aspirar o no. También podrá impedir la posesión de los candidatos electos ante denuncias por fraude, entre otras irregularidades.

Tendrán presencia territorial pues se plantea que en cada región sólo quede un delegado de la Registrad Uría y otro del CEC.

Se castigará la entrega de dádivas y se eliminará la circulación de efectivo en las campañas

Según el proyecto, se elimina la circulación de efectivo en las campañas electorales. Los privados que realicen donaciones deberán declararlas a la autoridad electoral y deberán informar de dónde proviene el dinero. La propaganda electoral en los espacios de radio y televisión la asumirá el Estado.

También se plantea implementar un registro de proveedores de campaña, para conocer qué empresas logísticas o asesores, entre otros, intervienen. Se prohíbe entregar dádivas, regalos y donaciones a los electores, pues esas conductas se castigarán con pérdida de investidura y con responsabilidad penal para quienes las cometan.

También se prohíbe la contratación de transporte para cualquier evento proselitista y durante el día de las elecciones, pues el Estado asumirá ese servicio durante los días de votación.

Procuraduría podrá inhabilitar con el visto bueno del Consejo de Estado

El proyecto le quita ‘dientes’ a la Procuraduría General en su tarea de inhabilitar a funcionarios de elección popular, pues según la iniciativa, de ahora en adelante la última palabra la tendrá el Consejo de Estado.

El texto contempla que las inhabilidades impuestas en segunda instancia por el Ministerio Público sólo cobren vigencia hasta que el tribunal de lo contencioso administrativo las avale, en un trámite revisión. De esta forma, según fuentes del Gobierno, se estaría cumpliendo con una disposición de la Carta Interamericana.0Interamericana.0

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